La Junta de Castilla y León y la Diputación han descartado colaborar con los ayuntamientos afectados por el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos en la financiación de la mejora de las carreteras del entorno.
Por lo menos así será en el presente ejercicio, según ha informado la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio.
Esto supondrá que la Dirección General de Protección Civil sufrague un 70 por ciento del coste de las obras, y que el 30 por ciento restante lo tengan que asumir los ayuntamientos en solitario.
La cuantía aproximada de estas mejoras en las carreteras de los municipios del entorno de Santa María de Garoña asciende a dos millones y medio de euros.
La Junta y la Diputación han argumentado que en sus previsiones presupuestarias para este año se encuentran actuaciones en otras vías, aunque no descartan colaborar en este proyecto en próximos ejercicios.
La subdelegada del Gobierno ha informado además de la mejora de la Estación de Clasificación y Descontaminación de Busto de Bureba que afrontará el Ministerio del Interior, con una inversión de 200.000 euros.
Estas instalaciones están previstas para casos de accidentes nucleares y servirían para conocer el grado de contaminación de las personas que estaban en las zonas afectadas por el siniestro, descontaminarlas, si es preciso, o incluso evacuarlas al lugar adecuado si fuera necesario.
La base del convenio entre el Ayuntamiento de Busto de Bureba y la Dirección General de Protección Civil para mejorar la estación fue un simulacro de emergencia nuclear que dejó a la luz algunas deficiencias.
Dentro de este marco de colaboración de la Dirección General de Protección Civil con los ayuntamientos, está prevista la firma de convenios de colaboración similares con las localidades de la zona, como las del Valle de Tobalina.
A estas actuaciones habrá que sumar las novedades derivadas dentro del nuevo plan director que afecta al Plan de Emergencia Nuclear de Burgos, en el entorno de la central de Santa María de Garoña.
Entre ellas, la próxima entrada en funcionamiento de un órgano de dirección con la misma estructura jerárquica que la del plan anterior, pero con representación de las comunidades del entorno de la central; es decir, Castilla y León, País Vasco y La Rioja.