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Viviendas construidas en la antigua Flex.

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Martes, 4 de Marzo de 2014

Salinero pide al Ayuntamiento que medie en las viviendas de Flex

Además llevará este asunto a las Cortes de Castilla y León y apoya a los vecinos que han presentado una querella criminal contra la promotora de las viviendas.


Radio Arlanzón

El concejal de Izquierda Unida, Raúl Salinero ha pedido al Ayuntamiento de Burgos que medie en el conflicto abierto entre los inquilinos de las viviendas de la antigua Flex y la Junta de Castilla y León, después de que estos hayan presentado una querella criminal contra la promotora de las viviendas por un presunto delito de estafa.         

Los 110 vecinos afectados firmaron con la promotora Inversiones Patrimoniales Urbanas S.A, la constructora JOVILMA y Cajacírculo, un contrato de arrendamiento, visado y autorizado con la Junta de Castilla y León, a la vez que se les hizo firmar otro contrato de opción de compra de dicha vivienda pagando por ello unas cantidades que oscilaban entre los 24.000 y los 56.000 euros dependiendo del tipo de vivienda.         

La estafa sale a la luz cuando Jovilma entra en concurso de acreedores y los vecinos se interesan por sus contratos. Se conoce entonces que los inquilinos han sido engañados por la Promotora que en ningún momento informó de las circunstancias especiales de la venta de las viviendas. Además, los vecinos se dirigieron a la Junta y ésta les aseguró que no conocían nada ni sobre el segundo contrato de opción a compra ni del dinero que habían adelantado los inquilinos a la Promotora que ha sido vendida recientemente a un grupo inversor mejicano.         

De esta forma los vecinos, según Salinero han sido engañados y estafados porque los contratos de opción a compra eran desde un principio ilegales, ya que la promotora no tenía autorización para ofrecer la venta de las viviendas, es más, tenía expresamente prohibido mediante escritura notarial ofrecer cualquier derecho de transmisión sobre dichas viviendas durante un plazo de 15 años al estar acogida a un Plan de Promoción pública de viviendas en régimen de alquiler.         

Por todo,  los vecinos afectados calculan que han perdido 5 millones de euros y se sienten estafados y piden que se les devuelva el dinero que han adelantado. Raúl Salinero además ha anunciado que llevará este asunto a las Cortes de Castilla y León y apoyará a los inquilinos en la querella criminal que han presentado contra la promotora de viviendas.

La promotora Inversiones Patrimoniales Urbanas S.A., cuando se cometieron los hechos estaba constituida y eran dueños las sociedades Patrimonial JMG S.L. (propiedad de la familia JOVILMA), y la entidad bancaria Cajacírculo.        




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