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98.6 FM La radio local de Burgos
Viernes, 4 de Septiembre de 2015
Recuerdan que con un plazo de ejecución establecido en 12 meses y transcurridos 4 meses después del inicio de la obra de la vieja estación de tren, los trabajos realizados apenas alcanzan el 2,4 % del total.
Radio Arlanzón
Ante las últimas declaraciones del alcalde y el presidente del IMCT sobre un posible reinicio en la obra de la vieja estación de tren la próxima semana, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos recuerda que el inicio de la obra comenzó con la firma del acta de replanteo el pasado 21 de abril y que tiene un periodo de ejecución de 12 meses, esto es que el plazo para su finalización termina el 21 de abril de 2016.
Por lo tanto, el equipo de gobierno sabía, según el PSOE, que en el mejor de los casos, sólo podrían certificar 2/3 de la obra para el 31 de diciembre, alrededor de 1,8 millones de los 2,73 previstos. Los fondos URBAN, que podrán financiar hasta el 80 % sobre el total de obra certificada a 31 de diciembre, costearían menos de 1,5 millones, lo que se traduce en una pérdida aproximada de 700.000 € respecto a si la obra hubiera comenzado con el tiempo suficiente para estuviera concluida a final de año. Actualmente la obra lleva parada 45 días. A la paralización de la obra hay que añadir que apenas se habían certificado 65.000 € a 31 de julio, lo que supone un 2,4 % de la obra prevista, habiendo pasado más de tres meses desde su inicio. La propia arquitecta municipal encargada del seguimiento de la obra señalaba en su informe del 27 de julio que “desde la UTE adjudicataria se está provocando una injustificada demora y ralentización en los trabajos referidos al plan de obra”.
Por lo tanto, recuerdan los socialistas, una vez transcurrido 1/3 del periodo establecido para la finalización de la obra de rehabilitación de la vieja estación, y a menos de 4 meses para cumplir el plazo para poder recibir financiación de los fondos URBAN, queda prácticamente toda la obra por hacer. Para los socialistas la principal responsabilidad de lo que ha ocurrido la tiene el equipo de gobierno, que a sabiendas que se estaba jugando mucho dinero de los contribuyentes, decidió sacar a concurso esta obra al final del anterior mandato a pesar de lo ajustado de los plazos.
A esto, añade el PSOE, hay que añadir que hizo caso omiso ante la evidente negativa de la UTE a hacerse cargo de la obra el pasado 6 de abril, fecha inicial prevista para la firma del acta de comprobación de replanteo. Una señal inequívoca de la verdadera voluntad de la UTE.
El PSOE quiere subrayar que si la UTE regresa de nuevo al trabajo después de haber ralentizado la obra desde el primer día y haberla parado durante 45 días, ha sido principalmente gracias a las advertencias que se vertieron públicamente no por el equipo de Gobierno, sino por la oposición, de que el Ayuntamiento debiera estar dispuesto a denunciarla por el abandono de la obra con la posibilidad de resolver el contrato. Es sorprendente la naturalidad con que el equipo de gobierno acepta la situación después de que la empresa haya abandonado la obra mes y medio.
Todo apunta a que si no se produce una segunda prórroga, apenas podamos contar con medio millón de los fondos URBAN para una obra cuya financiación de los estos fondos podría haber alcanzado los 2,2 millones. Es el gobierno de Lacalle el que se tendrá que responsabilizar sobre el total de fondos europeos que dejemos de percibir si como parece no se produce una segunda prórroga, y cuya cifra rondaría los 1,7 millones teniendo en cuenta el plan de obra y el plazo para poder justificar los trabajos realizados.
Los concejales del PSOE reiteran su crítica sobra la gestión que realizado el equipo de gobierno durante el verano sobre esta obra. En su opinión ha faltado firmeza por su parte frente al abandono de obra. Para los socialistas es evidente que la UTE ha intentado chantajear al Ayuntamiento proponiendo un modificado que como señalaban los informes técnicos, conllevaba un cambio sustancial sobre el objeto de la obra. El chantaje pudiera haber alcanzado su objetivo si no es por la presión mediática de la oposición, principalmente el Grupo Municipal Socialista, que ya anunció que si las empresas persistían en su decisión, cabría una denuncia por incumplimiento del contrato con la consiguiente resolución del mismo.
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