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Martes, 7 de Julio de 2015

Imagina, vigilante ante la plaza de secretario

Imagina Burgos pide que se cambie la ley para evitar la designación “a dedo” y se atengan a los principios constitucionales de publicidad, capacidad y mérito, exigidos a los funcionarios.


Radio Arlanzón

Imagina Burgos va a prestar mucha atención a la elección que realice el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acerca del nuevo secretario municipal, un puesto que han solicitado ya cinco personas. La convocatoria se resolverá por decisión directa del alcalde, tras examinar los currículums enviados, dado que se trata de un puesto de libre designación.  

Imagina Burgos desde sus principios defiende el sector público, y aunque la ley permite este tipo de contratación, creemos que los puestos se deben atener a los principios constitucionales de publicidad, capacidad y mérito, exigidos a los funcionarios, basados en criterios objetivos y no subjetivos. Nuestra candidatura exige la transparencia en la contratación y la rendición de cuentas, por eso quiere evitar que se “produzca la misma situación” que la acontecida hace unos meses cuando el alcalde Lacalle, de manera unilateral, elegía “a dedo” a Luis Alfonso Manero como secretario.

Y es que la Ley de Grandes Ciudades permite cubrir estas plazas por el sistema de libre designación, tal y como recoge la Relación de Puestos de Trabajo  (RPT) del Ayuntamiento, que lo justifica por el “carácter directivo” de las funciones que tiene atribuidas y de la “especial responsabilidad que se asume”.   De los cinco candidatos que se han presentado al concurso, el actual secretario es el que menos puntos atesora en el elenco de habilitados en la categoría de Secretaría Superior, en la relación individualizada de méritos generales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Uno de los cinco candidatos le dobla en puntuación; otros dos le superan en más de ocho puntos y una candidata más en casi tres puntos.  

Imagina Burgos entiende que de estos datos se desprende, de manera objetiva, que Manero “no es el más indicado para el puesto de secretario” y si Lacalle le elige a él, “lo hará con total impunidad y no atendiendo a los criterios mínimos requeridos para este puesto”.   El puesto de secretario del Pleno tiene una retribución anual de 88.723, incluidas pagas extraordinarias, y cuenta con un complemento específico anual de 46.503 euros, y complemento de destino. El nombramiento a dedo de Manero suscitó numerosas críticas, la más importante la que realizaban desde el interior del propio Ayuntamiento.   Fue la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento la que lamentaba el “daño infligido a la Función Pública y en particular al Ayuntamiento” por el nombramiento de manera provisional del “primer funcionario municipal y fedatario público”.

Un nombramiento que carecía de un informe jurídico municipal. Incompatibilidades   Aunque la Ley de Grandes Ciudades faculta al alcalde para designar el secretario, todos los estudios realizados y publicados en Castilla y León concluyen de la misma manera: “La libre designación es incompatible con la independencia reforzada que requiere el ejercicio de las funciones reservadas a secretarios, interventores y tesoreros” de las administraciones locales.  

El secretario del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino Estrada, lo corrobora en un extenso artículo en el que llega a la conclusión de que “es imprescindible una modificación legal que afecte al artículo 92 bis de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, eliminándose la libre designación”, afirma.  

Merino asegura que el legislador de la reforma de 2013, “cae en una grave contradicción y pone en riesgo el logro de sus propios objetivos cuando, contra toda lógica, mantiene e incluso amplía el ámbito de aplicación de la libre designación.   Medias paliativas Consciente de que en el momento actual, con el desarrollo de la Ley, “no se puede eliminar la libre designación”, Merino entiende que se deben adoptar algunas medidas paliativas de sus más perversas consecuencias”, algo con lo que Imagina Burgos está de acuerdo. 

Entre ellas, la “exigencia de motivación en la Relación de Puestos de Trabajo para establecer la libre designación, la ampliación de garantías o la motivación comparativa” entre los posibles candidatos.    




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