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Miércoles, 5 de Marzo de 2014
El Procurador del Común acepta la denuncia del PCAS por los recortes en facultativos sanitarios en el medio rural.
Radio Arlanzón
El Procurador del Común ha aceptado a trámite la queja presentada por el Partido Castellano ante la reducción de médicos en municipios del medio rural, prevista por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, "reabriendo la herida, que parecía cerrada", de la eliminación de guardias nocturnas en varios municipios de Castilla y León, decisión que finalmente la Junta abortó, tras unos meses de supresión de este servicio básico. En opinión del PCAS el acceso de la ciudadanía a la educación, la sanidad o los servicios sociales "especialmente en el mundo rural", en un derecho básico que no debe ser cercenado.
La reestructuración del mapa asistencial en el que trabaja la administración regional, debe servir para racionalizar el servicio, pero nunca para reducir el número de facultativos en el medio rural. Mediante la reclamación ante el Procurador del Común, los castellanistas trasmiten la preocupación que existe entre los habitantes de los pueblos por la posible disminución de la calidad de un servicio, tan esencial como es el sanitario, atendiendo a las noticias sobre la restructuración del mapa de Atención Primaria que está diseñando el Sacyl y que prevé la disminución de profesionales sanitarios en los centros de salud y consultorios del mundo rural.
Desde PCAS se recuerda que la Consejería de Sanidad pretende el traslado de 73 médicos y 45 enfermeras a zonas urbanas y periurbanas, afectando directamente a decenas de miles de habitantes del medio rural, la mayor parte de ellos en zonas aisladas, mal comunicadas y periféricas de Castilla y León, todo ello por un ahorro económico que no ha sido contabilizado, pero, a buen seguro, representará una cifra mínima dentro del montante total del presupuesto de la Junta. Sacyl debe valorar las especiales características que distinguen a las zonas rurales de Castila y León, como la escasa densidad demográfica, la dispersión de los núcleos de población, el envejecimiento de la población residente o la estacionalidad en el número de habitantes. La Junta, debe articular las medidas necesarias para no depauperar la calidad de la asistencia.
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