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98.6 FM La radio local de Burgos
Lunes, 17 de Junio de 2013
El Partido Popular ha votado hoy en contra de una proposición no de Ley del Partido Socialista que pedía, en aplicación de los principios de precaución y actuación cautelar, instar al Gobierno de España a que anule el permiso concedido en La Lora para la extracción de gas de esquisto mediante la técnica de fractura hidráulica. Así, esta propuesta, que ha sido debatida en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes regionales y defendida por la portavoz socialista de esta materia, Ana Muñoz de la Peña, especificaba que se paralizara la concesión de esta autorización hasta que se disponga de las garantías científicas y ambientales necesarias para avalar la preservación de los acuíferos, la salud pública y el medio ambiente de la zona.
Radio Arlanzón
El procurador socialista David Jurado lamenta esta negativa “no sólo por los riesgos que supone el fracking”, también porque el Partido Popular en un “nuevo ejercicio de irresponsabilidad” rechaza la propuesta argumentado su postura con una “mentira”: según esta formación, no se han concedido los permisos pertinentes para utilizar este procedimiento “cuando conoce a la perfección que sí se han otorgado”.En esta línea, insiste en que el Partido Popular “está tomándose a risa todos los potenciales peligros de la utilización de esta técnica”. Una actitud que puede perjudicar, y mucho, a la provincia burgalesa, que cuenta “nada más y nada menos” que con 17 autorizaciones pendientes para la investigación de hidrocarburos presentadas por distintas empresas de la órbita del petróleo, gas e hidrocarburos, en general. "Es evidente que la puesta en marcha de estos proyectos incide directamente sobre los territorios afectados, que han orientado su desarrollo principalmente hacia el turismo rural, la agricultura y ganadería, y la pequeña industria agroalimentaria. Esta actividad extractiva podría tener efectos nefastos e irreversibles en el futuro económico y demográfico de esta zona”, manifiesta Jurado. La petición socialista, considera el procurador, es “del todo razonable, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de estudios e investigaciones que avalen esta técnica como segura para la población y el medio ambiente”.Además, recuerda que existe un gran movimiento ciudadano en contra de este procedimiento al que se han sumado numerosos ayuntamientos y cargos públicos de la provincia, "muchos de ellos, destaca, del Partido Popular".
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