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98.6 FM La radio local de Burgos
Jueves, 25 de Junio de 2015
El PSOE denuncia que la nueva Ley de Montes impulsada por el Gobierno da la espalda al mundo rural y a la defensa del medio ambiente para hacer negocio con los montes y los bosques quemados.
Radio Arlanzón
El senador Ander Gil y la diputada nacional María del Mar Arnaiz denuncian a raíz de la aprobación esta mañana en el Senado de la nueva Ley de Montes impulsada por el Gobierno que esta normativa da la espalda al mundo rural y a la defensa del medio ambiente para especular y hacer negocio con los montes y los bosques quemados. En esta línea, afirman que la reforma legislativa planteada por el Ejecutivo del PP “rebaja de forma considerable las condiciones de protección ambiental, propicia que los grandes grupos económicos obtengan beneficios con la especulación de esta misma protección ambiental, abre la puerta a la recalificación de terrenos quemados, privatiza y rebaja la lucha contra los incendios”.
Una normativa que, critican, afectaría “de manera grave” a Burgos, cuyo patrimonio forestal ocupa una extensión de más de 690.000 hectáreas, lo que representa casi el 50% de la superficie de la provincia. Por ejemplo, exponen, solo en la comarca de Demanda-Tirón hay más de 70.000 hectáreas de montes de utilidad pública. Por ello, presentarán iniciativas para que el Gobierno aclare las consecuencias concretas que tendría la aplicación de esta normativa en la provincia burgalesa. Además, se muestran convencidos de que “en unos meses, el cambio a un Gobierno socialista supondrá la revocación de este paso atrás para nuestro mundo rural”, explica Gil. Para ambos, esta ley supone un notable retroceso en la política medioambiental de nuestro país, y añaden que una acertada Ley de Montes debe entenderse en el marco de una ordenación del territorio sostenible medioambiental, social y económicamente y debe reflejar la justa compensación de los territorios y a los habitantes por su contribución al mantenimiento de recursos indispensables como el agua o la calidad del aire.
Lamentan, además, que “ahora le toca a los montes” e insisten en que el objetivo del PP con esta ley es crear nuevas medidas de especulación con los terrenos quemados. De hecho, esta reforma permite recalificar los terrenos que han sido pasto de los incendios y, a su juicio, “lo verdaderamente escandaloso es que al PP no le preocupa intensificar las medidas presupuestarias para prevenir los incendios, fomentar la limpieza de los montes y la biomasa o aumentar los inversiones en las zonas rurales y forestales”, como explica Gil. “Solo les preocupa que sus amiguetes puedan comprar terrenos baratos incendiados y darle usos industriales o urbanizables. Es un mensaje gravísimo para los pueblos y vecinos que cuidan los montes con escasos recursos porque ahora llega el Gobierno y sugiere que si se incendia un monte, alguien puede hacer negocio”, añade.
En contraposición, el Grupo Socialista plantea el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y el cierre de los ciclos productivos de la madera en las propias zonas de los bosques. También consideran que la notable contribución de los territorios forestales a la lucha contra el cambio climático debe ser retribuida y, por ello, destacan la necesidad de establecer un impuesto ecológico.
En este sentido, especifican que la enmienda presentada por los socialistas reclama pedir unos incentivos económicos específicos para los pueblos que sostienen e invierten en los montes o en la industria relacionada.
En otro orden de cosas, lamentan el trato que se dispensa a los agentes forestales con la redacción de esta nueva ley y piden que no se limite su actuación ni se rebajen sus funciones para que tengan unas condiciones similares a otros cuerpos independientes de policía judicial especializados.
Igualmente, recriminan al Gobierno que esta reforma la hace “contra todo el mundo”, contra todos los colectivos (montes de socios, montes municipales, Sindicatos de agentes forestales, colectivos de fiscales progresistas, sindicatos de la Policía Nacional o colegios de ingenieros técnicos forestales)” y que tampoco se tiene en cuenta al Consejo de Estado.
Inciden además en la idea de que esta Ley de Montes es una oportunidad perdida para afrontar los problemas de desarrollo del sector forestal. También justifican la redacción de las enmiendas socialistas subrayando que, entre otros aspectos, que esta reforma pone en peligro la existencia de los montes de socios porque el Gobierno no introduce medidas para poder facilitar la investigación de esa propiedad o su inscripción sino que favorece que se puedan dividir esos montes, que el Estado pueda hacerse con montes de socios de esos pueblos y dárselos a empresas o grupos económicos determinados que tenga un interés forestal.
Por último, reprochan al Ejecutivo que con esta ley se dispense un trato de cierto desprecio hacia el papel de municipios, pueblos y vecinos. “Hemos presentado enmiendas que proponen que los municipios codecidan en que se gastan los fondos de mejora de los montes. Pedimos que en los montes se acelere la dotación de los planes de gestión. La Administración debe favorecer que se hagan planes de gestión. El PP dice que se haga en 30 años pero los recursos forestales pueden crear mucho empleo y riqueza y fijar población en el medio rural y deben fomentarse figuras de planificación. Consideramos más adecuados los plazos de cinco años para implantar estos planes de gestión forestal”, concreta Gil.
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