Economía se compromete a estudiar cada idea de negocio

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha comparecido esta tarde en la sede de las Cortes de Castilla y León para detallar las medidas que llevará a cabo su departamento durante la IX legislatura autonómica. Entre ellas destaca el compromiso de analizar la viabilidad de todas las ideas de negocio, para facilitar su transformación en empresas generadoras de riqueza y empleo, y la decisión de reunir en una única herramienta las iniciativas de la Junta para apoyar a los emprendedores. El objetivo, cuantificado por el presidente Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura, es conseguir la creación de 8.000 nuevas empresas en los dos primeros años de la legislatura, y que cuando ésta termine al menos 1.000 de ellas sean de base tecnológica innovadora. El instrumento que lo hará posible es la Estrategia Integral de Emprendimiento e Innovación, que englobará todos los planes y programas existentes en esta materia y se aprobará en el seno del Diálogo Social antes del próximo julio. La Estrategia se ejecutará de la mano de la Red Empresarial de Innovación y Emprendimiento, formada por empresas, universidades y Junta, esta última a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE). Su punto fuerte será el asesoramiento completo a los emprendedores, para que sus proyectos se conviertan en realidades bien sea a partir del futuro Banco de Ideas, o bien mediante el Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor, presente ya en todas las provincias de la Comunidad. Asimismo, servirá para desarrollar medidas como el programa TCUE (Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa), la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3), un nuevo Plan de Transferencia Tecnológica para cruzar la oferta y la demanda de las empresas, los 10 ‘cluster’ o agrupaciones que promueven la innovación en otros tantos sectores –a los que se sumará uno más relativo al turismo, el patrimonio y la lengua española y la remodelación de los parques tecnológicos para convertirlos en espacios innovadores y especializados. En la misma línea de reforzar la competitividad de la economía autonómica, como único camino para generar empleo de calidad que fije y atraiga población, se irá intensificando el esfuerzo presupuestario en I+D+i a lo largo de la legislatura hasta alcanzar el 3 % de la capacidad de gasto de las consejerías. Junto a esto, la consejera Pilar del Olmo ha apostado por avanzar en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación 2014-2020, que se evaluará este mismo mes con los agentes sociales y quiere fortalecer el tejido empresarial autonómico por tres vías: mediante la industrialización o reindustrialización de los entornos más afectados por la crisis, sobre todo en el medio rural; con el mantenimiento de los grandes planes industriales de los sectores con mayor peso (automoción, agroalimentación, químico-farmacéutico, aeronáutico y de bienes de equipo), y potenciando las pymes locales y familiares, las empresas de segmentos tradicionales y las siete áreas donde la Comunidad tiene ventajas competitivas y capacidad de innovar, según la RIS3. Es decir, transporte; agroalimentación; hábitat; salud y calidad de vida; turismo-patrimonio y lengua española; energía y medio ambiente, y TIC’s. De hecho, la máxima responsable de Economía y Hacienda ha recordado que el Gobierno autonómico trabaja en este campo dese la convicción de que la competitividad de la economía permitirá alcanzar el objetivo, compartido por los grupos parlamentarios, de reindustrializar Castilla y León para que el peso de la industria en el Producto Interior Bruto (PIB) alcance el 20 % en el año 2020, conforme a las previsiones de la Estrategia Europea 2020. A esto contribuirá de manera decisiva el Plan Director de Promoción Industrial, que ya se está estudiando por los agentes sociales, y que una vez aprobado se presentará a las Cortes como marco para negociar un Pacto Parlamentario para la Reindustrialización de la Comunidad conforme al acuerdo político entre la Junta y PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos el 22 de julio.