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Los procuradores socialistas, David Jurado y María Fernanda Blanco.

Los procuradores socialistas, David Jurado y María Fernanda Blanco.


Jueves, 12 de Febrero de 2015

El PSOE suspende a la Junta en Servicios Sociales

El PSOE ha hecho un balance muy negativo del Gobierno del Partido Popular al frente de la Junta en la gestión de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Sociales.


Radio Arlanzón

El procurador socialista, David Jurado ha señalado que el Partido Popular prometió blindar los Servicios Sociales al inicio de la legislatura y lo que ha hecho en la práctica ha sido una derogación tácita de la Ley de Dependencia.

Ha criticado que el PP haya disminuido las ayudas sociales un 90 por ciento, pasando de los 400 euros de media a los 30 euros.

Según Jurado es "Un ‘mérito’ que la Junta comparte en la misma proporción con el Ejecutivo de Mariano Rajoy porque han sido recortes de esta última institución posteriormente “rematados” por la Administración autonómica. Además, de esta reducción, también son menos los beneficiarios de dependencia. Dice Jurado que en agosto de 2012, cuando la Junta inicia estos recortes en dependencia hasta noviembre de 2014 hay en la Comunidad 3.388 beneficiarios menos del sistema de la dependencia. “Quiero recordar a los dirigentes ‘populares’ que están todo el día con la herencia recibida que precisamente el legado de Zapatero fue que cada año se incorporaban en la Comunidad 12.000 personas al sistema de la dependencia y ahora es todo lo contrario”: En el caso de la provincia, en este mismo periodo ha habido 600 solicitudes más, pero menos personas con derecho a percibir la prestación, 1.100 concretamente, asegura.

Por su parte, la procuradora socialista, María Fernanda Blanco ha señalado que la gestión de la Junta con el aeropuerto de Burgos ha tenido una trayectoria diabólica, sin plan estratégico del desarrollo del aeropuerto al que se han negado durante toda la legislatura, con el abandono del Consorcio y la no presencia en el comité de representación aeroportuaria de Villafría se culmina lo que los socialistas ya tacharon de “crónica de muerte anunciada” de las instalaciones burgalesas. 

Sostiene que "todas las noticias que vamos conociendo abundan en la misma certeza, los vuelos del club de los 60 para 2015 saldrán de los aeropuertos de Valladolid, León y Salamanca mientras que los beneficiados del citado programa tendrán que desplazarse a esas provincias. Además, la última pregunta registrada por los parlamentarios socialistas exigiendo a la Junta una explicación sobre el aeropuerto de Burgos registrada en diciembre de 2014 no será debatida en la presente legislatura.

Indica Blanco que “La Junta no dará ninguna explicación en la línea de todo el periodo de legislatura”, ha lamentado Blanco. Como balance en materia de Fomento, Blanco también ha destacado que todos los tramos de carreteras y autovías incluidos en el Plan regional de carreteras 2008-2020 de la provincia de Burgos ni se han marcado prioridades ni hay calendario inversor para su ejecución. Es el caso de las olvidadas variantes de la CL-619, que afecta a  Tórtoles de Esgueva, Olmedillo de Roa o Villalba de Duero. También la CL-117 variantes de Salas de los Infantes y Castrillo de la Reina. El tramo de la CL-628 que discurría entre Medina de Pomar y Villarcayo también continúa a la espera y en materia de ejecución de vivienda, la liquidación del presupuesto 2013 confirma que de las 144 viviendas con protección comprometidas para Burgos, solo se ha ejecutado un 30 por ciento, lejos del 70% de ejecución en Valladolid o el 50% en Palencia. 

Además, sostiene que "la Junta de Castilla y León no dispone de viviendas públicas con las que desarrollar una verdadera política en esta materia. De hecho, en la provincia únicamente tiene 11 viviendas. En materia de Medio Ambiente, de las 5 cúpulas contempladas, una estaba proyectada en el municipio de La Vid y Barrios para 2006, nada se ha hecho. Lo único que sobre este tema merece la pena nombrar es el desastre inversor y judicial lo que ha supuesto la Ciudad del Medio Ambiente y la Cúpula de la Energía de Soria, 54 millones dilapidados sobre los que se rechazó una comisión de investigación en las Cortes autonómicas”.




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