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Martes, 15 de Octubre de 2013

La Junta y el TSJ se reúnen con las Audiencias Provinciales

La consejera de Familia, Milagros Marcos, y el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se han reunido con los presidentes de las Audiencias Provinciales de la Comunidad para coordinar acciones contra los desahucios.


Radio Arlanzón

Castilla y León ha sido la primera comunidad de España en impulsar un acuerdo que permite que los jueces conozcan la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por casos de ejecución hipotecaria antes de dictar una resolución al respecto.

Dicho acuerdo favorecerá que los magistrados dispongan, en el plazo de 10 días, de un informe detallado de la situación social de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda.De este modo, en los casos en los que el juez, durante el despacho de un asunto de esta naturaleza, pudiera albergar dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, podrá pedir a los Servicios Sociales que emitan un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado.

El objetivo del informe es proporcionar información “actualizada y veraz”, según se señala en el acuerdo, con la que el juez pueda apreciar cada situación. Con ello, los jueces de Castilla y León dispondrán de mayores garantías de protección, a la hora de paralizar procedimientos de ejecución hipotecaria.Otro de los objetivos contemplados en el acuerdo era el de establecer una colaboración "permanente" entre ambas instituciones en materia de protección de los deudores hipotecarios, así como crear un marco de actuación e intercambio en los casos en los que se llegue al desalojo de la vivienda en la región.

Asimismo, el convenio permitirá el intercambio de información mediante la combinación de las fuentes informativas estadísticas de la Gerencia de Servicios Sociales y las del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para tener mejor conocimiento del impacto de la crisis en las familias, así como un intercambio técnico con el objetivo de buscar la máxima adecuación de las actuaciones al cambiante marco social y jurídico, por lo que se organizarán acciones formativas e informativas para la acción de los operadores, tanto sociales como jurídicos.

“Queremos que el Tribunal Superior de Justicia esté implicado en las fases preventivas”, ha recalcado Marcos, consciente de que la labor judicial no debe remitirse en exclusiva al final del proceso, sino comenzar cuando el afectado empieza a tener problemas para pagar su hipoteca o alquiler.




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