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98.6 FM La radio local de Burgos
Martes, 22 de Abril de 2014
El PCAS confía en que la declaración como imputados de nueve altos cargos, el próximo 24 de abril, sea el comienzo de una profunda y exhaustiva investigación judicial.
Radio Arlanzón
El Partido Castellano como denunciante ante la Fiscalía General de Castilla y León, de las irregularidades cometidas en la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León: ADE Parques, Provilsa, Somacyl y ADE Financiación de Castilla y León, confía en que la declaración como imputados de nueve altos cargos de la Consejería de Economía, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, por un presunto delito de "prevaricación administrativa", el próximo 24 de abril, sea el comienzo de una profunda y exhaustiva investigación judicial sobre la irregular gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, puesta en evidencia por el Informe de Fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que ha supuesto una deuda superior a los 400 millones de euros.
Así el jueves día 24 de abril tendrán que desfilar por el despacho del juez nueve altos cargos de la Consejería de Economía por una vulneración sistemática y abusiva de la Ley de Contratos del Sector Público, en materia de contratos, incumpliendo tanto la solvencia mínima y los criterios de valoración de las ofertas. En numerosos casos no se elaboró pliego de condiciones y existe coincidencia en el objeto de la contratación en muchos contratos menores, lo que induce a sospechar que fueron deliberadamente troceados. Los informes, según PCAS, son "demoledores" y ponen en cuestión total la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, ya que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios. En el periodo auditado 2010-2011, estas Empresas Públicas realizaron 300 contratos por importes cercanos a los 270 millones de euros. Estos hechos, a juicio del PCAS, pudieran ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación.
Finalmente, desde el PCAS ante la instrucción de estas diligencias penales tanto por la Fiscalía de Valladolid, como por parte de los Juzgados nº 1 y 2 de Valladolid, reclama a Juan Vicente Herrera, el cese inmediato del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva y de la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, como máximos responsables políticos de la creación y gestión de estas empresas públicas desde prácticamente su constitución.
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