Publicidad
Publicidad
98.6 FM La radio local de Burgos
Lunes, 23 de Marzo de 2015
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Milagros Marcos, ha realizado un balance de actuaciones de su departamento durante 2014.
Radio Arlanzón
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha afirmado hoy que la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis, puesta en marcha por la Junta de Castilla y León de forma pionera en 2013, ha superado las expectativas iniciales. La Red logró dar el pasado año respuestas “concretas y urgentes” a las necesidades de 150.000 castellanos y leoneses, pertenecientes a 60.000 familias de la Comunidad, a través de los 23 programas que la componen. De todas las familias atendidas, prácticamente el 20 % contó con más de una prestación. Estos datos suponen un incremento del 7,48 % en relación a las personas atendidas en 2013 y un 50 % más de las previsiones con que nació la Red (el objetivo era llegar a 100.000 ciudadanos -aproximadamente 40.000 familias-). De ahí, que la Comunidad destinara el pasado año 160 millones de euros, 21 millones más que en 2013, lo que representa un incremento del 15 %. 2014 ha sido, por tanto, “el año del fortalecimiento y la consolidación de esta Red”. Así lo ha manifestado la consejera ante los miembros que conforman la Sección de Servicios Sociales de responsabilidad pública del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, en el acto de constitución. Durante el encuentro también ha recordado las mejoras que se han introducido en la Dependencia, la aprobación del Catálogo de Servicios Sociales, el diseño del modelo 'Objetivo Violencia Cero' o la puesta en marcha del sistema de información de la Garantía Juvenil. Los indicadores, dados a conocer hoy, ponen de relieve que la Red de Protección está beneficiando a “miles de familias”, según ha apuntado Marcos, quien ha añadido, que su puesta en marcha ha contribuido a que la fractura social derivada de la crisis haya sido menor en Castilla y León que en el resto de España. La consejera ha apoyado esta afirmación en las últimas estadísticas del INE y en los informes de Cáritas, de Unicef y de EAPN (Red de Pobreza de Castilla y León). Todos ellos apuntan a que la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido en la Comunidad tres puntos durante la crisis, que ha descendido la carencia material severa en dos puntos entre 2011 y 2013, que los niveles de privación severa de los niños son inferiores a los de antes de la crisis o que Castilla y León es una de las autonomías donde más se ha reducido el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión: 42.000 menos que en 2009. Milagros Marcos, que ha optado por la prudencia a la hora de valorar los resultados, ya que “mientras exista una persona en situación de necesidad hay que actuar”, ha hecho un repaso de los hitos más importantes de la Red desde su nacimiento y ha desgranado los resultados obtenidos en los principales servicios que componen la Red.
Desde la puesta en marcha de la Red, el teléfono 012 ha atendido un total de 34.713 llamadas. De ellas, 23.089 llamadas se produjeron en 2014, lo que supone el doble que todas las atendidas en 2013 (11.624). De esta forma, el pasado año este teléfono atendió una media de 63 llamadas al día. Además, más de 40.000 personas acudieron directamente a los Centros de Acción Social (CEAS), que financian la Junta de Castilla y León a través del Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales, para recibir información y orientación sobre los recursos y prestaciones de la Red de Protección a las Familias. Este servicio de información se complementa con el Servicio de valoración, asesoramiento, planificación de caso y seguimiento, que ofrece una atención integral y personalizada mediante los profesionales de referencia. Estos profesionales son los que se encargan de valorar el caso de forma personalizada y de realizar el plan individualizado de atención, así como el seguimiento del caso. Durante 2014 atendieron a 46.652 personas, lo que representa un 22,7 % más en relación a 2013 (38.020 personas).
La Renta Garantizada de Ciudadanía se ha convertido en un “instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social”, ha manifestado Marcos. De hecho, desde su puesta en marcha en 2011, la Renta ha atendido las necesidades de 47.000 beneficiarios, con un gasto acumulado de 165 millones de euros. Durante 2014 han sido 33.912 los beneficiarios de esta prestación, lo que supone un incremento del 29 % respecto al año 2013. El gasto realizado en 2014 ascendió a 55 millones de euros, 8,5 millones más que en 2013; una cantidad que duplica la presupuestada en 2011. La consejera ha destacado que el objetivo es que estas personas logren la inserción a través de un empleo, y por ello ha destacado que 2.611 personas consiguieron en 2014 un contrato en 2014 y, por tanto, pudieron abandonar la prestación. Un dato “positivo”, ya que supera en más de un 15 % el número de personas que obtuvieron un empleo el año anterior. A ello ha contribuido también el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), integrado en la Red. Los titulares de la prestación han percibido 540 euros de media al mes. Fueron sobre todo mujeres, de entre 36 y 45 años, que viven en el medio rural. El 60 % tiene cargas familiares y solo el 13 % son extranjeros.
La consejera ha apuntado que el 100 % de las familias que acudieron al Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio recibió apoyo profesional y se le proporcionó soluciones individualizadas y adaptadas a sus capacidades económicas. Y, ha añadido, que “todas ellas encontraron respuesta a su problema”. Este servicio, que persigue evitar que las familias pierdan su vivienda y que fue reconocido por la ONU, ha atendido en poco más de dos años a un total de 3.382 familias, beneficiando así a 9.500 castellanos y leoneses. A todas ellas se les ha prestado asesoramiento y orientación, y se ha negociado con su entidad financiera cuando ha sido preciso. A 804 familias, además, se les ha completado la atención con otras atenciones combinadas con diferentes servicios: en total 1.604 prestaciones. De los 2.464 casos concluidos, más del 91 % se habían resuelto. De ellos, 1.281 sin necesidad de interlocución y el resto previa interlocución con las entidades financieras con las que el deudor tenía suscrita su hipoteca, ya sea con reestructuraciones de la deuda (557), daciones en pago (104) u otras soluciones (386), como acuerdos de no lanzamiento.
Destaca, además, que en el 14,1 % de los casos (136) se cerró la interlocución antes de haberse concluido porque la situación de la familia mejoró sustancialmente y pudo hacer frente a los pagos de la hipoteca al haber encontrado un empleo, principalmente. La consejera ha remarcado que “en ninguno de los casos atendidos se llegó a producir el desalojo forzoso de la vivienda”.
La Red también procura alimentación básica, suficiente y adecuada a las familias que lo necesiten, con especial atención a aquellas con hijos menores de edad. Durante 2014, el servicio de entrega de alimentos atendió a 26.133 personas. La consejera ha destacado que las llamadas urgentes al teléfono 012 por falta de alimentos se han reducido un 36 % en el último año, hasta las 1.813. Este dato resulta “significativo y positivo”, ya que demuestra que, una vez resueltas las necesidades urgentes, las familias pasan a ser atendidas en el ámbito ordinario de la Red, donde reciben productos de forma periódica y adaptada a sus necesidades. La cantidad de comida que perciben los usuarios de este servicio en Castilla y León es de 130 kilos, muy superior a la media nacional, de 86, y a la recomendación de la FAO, 114. Y, además, Marcos ha recordado que la firma de dos convenios de colaboración, con la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León (Asucyl) y con la Asociación de la Industria Alimentaria de la Comunidad (Vitartis), está permitiendo lograr una captación ordenada de alimentos para así garantizar el suministro de productos en todo momento y en función de las necesidades de cada banco de alimentos.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en paralelo ha incrementado las tradiciones ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social. De hecho, durante 2014 se beneficiaron 29.690 castellanos y leoneses de las ayudas de emergencia social, un 28 % más que en 2013. Esto conllevó que el gasto realizado en esta prestación se viera incrementado en un 52 %, pasando de 5 millones de euros a 7,6 millones. Las nuevas demandas que surgieron con la crisis obligaron ya en 2013 a incrementar su financiación, y a dirigir las ayudas a apoyar situaciones de carencia de alimentos y de riesgo de pérdida de la vivienda derivadas de los impagos de los préstamos hipotecarios. De esta forma, 8.272 personas recibieron en 2014 ayudas para necesidades alimenticias, especialmente de alimentos frescos; 22.289 personas recibieron ayudas para cubrir los gastos destinados a la vivienda, sobre todo en dos conceptos: cuotas hipotecarias y los alquileres, y 7.699 personas se beneficiaron de las ayudas destinadas a sufragar lo que se conoce como pobreza energética (pagos de recibos de luz, agua...). Estas ayudas han permitido, como destacaba un reciente informe de CCOO, que la pobreza energética se haya reducido en Castilla y León.
La atención de las necesidades básicas de las familias es fundamental, como prioritario resulta que estas personas puedan salir de la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentran, o evitar que caigan en ella. Y esto solo se logra accediendo a un empleo. La Red de Protección a las Familias contempla una serie de programas para impulsar la contratación de las personas más vulnerables, que atendió a 21.780 personas, y supuso un gasto de 54 millones de euros, un 25 % más que en 2013. A esto se suman otras medidas articuladas por la Junta de Castilla y León, como la incorporación de cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública de la Administración Autonómica que favorezcan la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Durante el pasado año, el 71 % de la contratación de la Junta (173,3 millones de euros) incorporaron cláusulas sociales. En la misma línea se encuentra el fomento por parte de la Junta de la responsabilidad social empresarial, a través del III Acuerdo marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014-2020. Así, la firma de los convenios de colaboración con 70 empresas de la Comunidad ha permitido articular un mecanismo para que los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía puedan participar en los procesos de selección de personal de estas empresas, siempre que cumplan con el perfil demandado. A este esfuerzo en la búsqueda de empleo se añade el Plan de Estímulos al Crecimiento y al Empleo que, entre otras cuestiones, reserva plazas para personas con exclusión social, que se concreta a través de un Plan de Empleo con Entidades Locales, y mediante la contratación por entidades del Tercer Sector con el fin de lograr su reinserción en el empleo. Para la consejera, resulta “relevante” comprobar que medidas están dando sus frutos, ya que, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), el paro cayó un 8,7 % en Castilla y León en el último año, al cerrarse el año 2014 con 22.400 parados menos que hace un año.
Sé el primero en comentar la noticia