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98.6 FM La radio local de Burgos
Miércoles, 24 de Julio de 2013
La Consejería de Agricultura y Ganadería, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, Alianza por la Unidad del Campo (UPA-COAG) y UCCL, y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León han alcanzado un acuerdo sobre la aplicación en España de la futura PAC. La premisa fundamental de este acuerdo es que se garantice la partida presupuestaria que Castilla y León venía recibiendo. En total, cada año, 925 millones de euros en pagos directos y 250 millones de euros de desarrollo rural.
Consejería de Agricultura y Ganadería
El objetivo de este documento, suscrito entre el Gobierno autonómico y el sector, es fijar la postura de Castilla y León sobre distintos aspectos ante la negociación en España de la aplicación de la PAC, que comenzará en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural los próximos días 24 y 25 de julio. En la elaboración de esta posición de la Comunidad se ha tenido en cuenta el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y la moción aprobada en las Cortes de Castilla y León -por unanimidad, con los votos a favor del PP, PSOE, IU y UPL- el pasado 8 de mayo, con el fin de conseguir para la Comunidad una PAC más fuerte y más justa para el periodo 2014-2020.Castilla y León defiende la aplicación de un modelo nacional de la PAC siempre que garantice las singularidades de la Comunidad y que no se produzcan trasvases entre territorios o sectores. Tanto el Gobierno autonómico como el sector agrario consideran una premisa fundamental del modelo de aplicación de la futura PAC en España que se garantice la partida presupuestaria que se venía recibiendo.La Junta y el sector agrario consideran necesario que se unan los conceptos de agricultor y ganadero activos y de actividad agraria aprovechando la flexibilidad que permite la redacción de la propuesta de Reglamento. Es necesario, según la Comunidad, establecer requisitos para todos los futuros beneficiarios, con independencia de los pagos que reciban, como acreditar su afiliación a la Seguridad Social o al régimen fiscal que corresponda a la actividad. Respecto a la limitación de la superficie admisible, la Comunidad considera necesario limitarla en torno a 21 millones de hectáreas, la cifra utilizada para determinar la convergencia externa entre los distintos estados miembros.
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