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98.6 FM La radio local de Burgos
Viernes, 27 de Septiembre de 2013
Los responsables de la formación castellanista PCAS trasladarán a la Fiscalía General de Castilla y León, los datos conocidos sobre la gestión de las Empresas Públicas que emanan del Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas.
Radio Arlanzón
Los responsables de la formación castellanista Partido Castellano trasladará na la Fiscalía General de Castilla y León, los datos conocidos sobre la gestión de las Empresas Públicas que emanan del Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la contratación por parte de estas empresas públicas en 2011, al considerar que los responsables de estos organismos dependientes de la Junta de Castilla y León podrían haber incurrido en los delitos de falsedad en documento público, administración desleal y prevaricación. PCAS señala expresamente a los responsables en 2011 de las empresas ADE Financiación SA (actualmente denominada Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl).
Los servicios jurídicos del PCAS redactarán en breve la correspondiente denuncia, que presentará la próxima semana ante la fiscalía, y reclamarán la realización de una auditoría de cuentas completa de la gestión económica de estas entidades que debería fiscalizar la Junta de Castilla y León.
Los castellanistas consideran que la presentación del informe del Tribunal de Cuentas en las Cortes de Castilla y León, sobre la contratación realizada por estas empresas públicas, evidencia que su funcionamiento se encuentra al margen de la ley, incumpliendo de manera reiterada y abusiva la Ley de Contratos del Sector Público, con lo que sus responsables, nombrados políticamente por el equipo de gobierno de Juan Vicente Herrera, habrían incurrido en responsabilidades penales, y que no pueden aducir desconocimiento de los procedimientos habituales de contratación en las administraciones públicas, que deben garantizar publicidad y transparencia en los concursos públicos y garantías de equidad y del máximo interés público en las adjudicaciones y contrataciones.
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